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miércoles, 9 de noviembre de 2016

Los delitos urbanísticos

Los delitos urbanísticos
El delito urbanístico se encuentra regulado en el Código Penal y es aquel que pretende castigar a aquellos constructores, promotores, arquitectos e ingenieros que lleven a cabo una construcción que no esté autorizada en los suelos destinados a zonas verdes, zonas ecológicas o artísticas, bienes de dominio público y lugares protegidos, también los que lleven a cabo proyectos o edificaciones en suelos no urbanizables.

Lo que se persigue es castigar las construcciones que supongan un daño material o físico contra los intereses públicos y ciudadanos, lo que impida que estos disfruten de las zonas verdes o protegidas por el medio ambiente. Los denominados delitos urbanísticos están castigados por la ley como las construcciones en zonas verdes o viales, por ejemplo, ante los cuales pueden imponerse penas de prisión de 6 meses a 3 años de prisión, multas de 12 a 24 meses y una inhabilitación de la profesión. 

En los supuestos de edificación en suelos no urbanizables pueden imponerse penas de 6 meses a 2 años, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación del oficio. Además en los dos casos anteriores los jueces tienen capacidad para ordenar la demolición de la obra comenzada. Si estos delitos son producidos por un funcionario público que conociendo la ley ha informado o valorado proyecto de edificación de forma favorable y ha aprobado su puesta en marcha concediendo las licencias correspondientes, su acción será castigada.

Respecto a los delitos contra el patrimonio histórico y artístico son los que sancionan a quienes ordenan derribar edificios históricos protegidos debido a su gran interés histórico, artístico o cultural. Ante estos delitos se aplican penas de prisión de 6 meses a 3 años, multas de 12 a 24 meses y la inhabilitación especial de la profesión. Ya que se castigan conductas dolorosas que ataquen los bienes jurídicos comunitarios o de interés general es necesario aplicar el principio de mínima intervención porque los tipos penales no pueden servir como simple reforzamiento de la autoridad administrativa.

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